A 10 años del juicio por delitos de la dictadura en San Pedro, el fiscal Murray encabeza una charla
El actual secretario letrado de la Procuración General estará en el Salón Dorado el viernes a las 19.30. La actividad la organiza la Mesa por la Memoria local. En 2014, en San Pedro se juzgaron genocidas y en las audiencias quedó en evidencia que durante la dictadura cívico militar se cometieron delitos de lesa humanidad.
La Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pedro convocó a una charla que brindará el fiscal Juan Patricio Murray, a 10 años de las audiencias del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la región que se desarrollaron en la ciudad.
La cita es el viernes a las 19.30 en el Salón Dorado de la Municipalidad, recinto que ofició de sede para las audiencias que comenzaron en noviembre de 2014 en el marco de la magacausa Saint Amant II.
La causa, que llevaba el nombre del excoronel Manuel Fernando Saint Amant, máximo responsable militar de la región, ventiló los hechos de torturas, vejaciones, asesinatos y desapariciones que tuvieron lugar en la región.
Fue el segundo juicio de la zona por delitos de la dictadura cívico militar. El tercero, el Saint Amant III, tuvo varios casos sampedrinos que surgieron de las audiencias locales. En la actualidad está en marcha el cuarto.
Juan Patricio Murray, actual secretario letrado de la Procuración General de la Nación, auxiliar Fiscal de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal y excoordinador de la Unidad Amia en reemplazo del fallecido Alberto Nisman, era fiscal de San Nicolás y se ocupó de la investigación que permitió condenar a genocidas en la zona.

Las audiencias en San Pedro permitieron tener de primera mano los testimonios de las víctimas locales sobrevivientes de la última dictadura cívico militar, de amigos, compañeros de militancia y familiares de ellos y de quienes sufrieron desapariciones forzadas.
Incluso de esas audiencias se desprendieron otras causas vinculadas a delitos de lesa humanidad puesto que durante las declaraciones surgieron nuevos elementos de prueba.
Tras esas audiencias, el excoronel Manuel Fernando Saint Amant, máximo responsable militar de la región, fue condenado a prisión perpetua al igual que Antonio Bossie, Norberto Ferrero y el expolicía sampedrino Daniel Fernando Quintana.
Edgardo Antonio Mastandrea recibió 20 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena; Carlos Enrique Rocca, 12 años; el excomisario baraderense Roberto Horacio Guerrina, 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena.
Por su parte, Clementino Rojas fue condenado a 4 años de prisión, Juan Alberto González a 3 años y seis meses; y Julio Alberto Almada, Miguel Ángel Lucero y Luis Antonio Sinigaglia a 3 años de prisión.
Las condenas dieron cuenta de que en la región, bajo el accionar del Área Militar 132 a cargo de Saint Amant y los suyos, hubo un actuar represivo que fue parte de la maquinaria del terrorismo de Estado dispuesto sistemáticamente por los usurpadores del poder público en marzo de 1976.
Las declaraciones que se escucharon en las audiencias dejaron establecidos múltiples delitos cometidos, todos probados, que son parte del plan sistemático de violencia instalada: secuestros ilegales, robo de bienes de los detenidos, torturas de toda índole y vejaciones, asesinatos y desapariciones forzosas.
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