Un procedimiento de la Policía Federal en el marco de una causa por venta ilegal de medicamentos se desarrollaba desde la mañana de este jueves en San Pedro, con allanamientos en al menos tres comercios y una vivienda particular.

La investigación, que tiene una trama penal y otra administrativa en la que interviene en el Ministerio de Salud provincial, se centró en la comercialización de medicamentos en lugares no habilitados para ello.

Los allanamientos, a cargo de la Unidad Operativa Federal San Nicolás, tuvieron lugar en un maxikiosco ubicado en Rivadavia y Obligado; en un supermercado de capitales chinos de Sarmiento al 1100; y en un comercio tipo despensa ubicado pasando las vías del Ferrocarrill.

Además, allanaron una vivienda en el barrio Barrancas Driving Golf, en Lucio Mansilla camino a Vuelta de Obligado, donde detuvieron a un hombre sindicado como el proveedor de medicamentos en esos locales que tienen prohibida la comercialización.

La legislación vigente establece que los medicamentos sólo pueden ser expendidos al público en farmcias, es decir locales cuyo titular es un profesional farmacéutico matriculado en el Colegio provincial. Por ello, por ejemplo, en abril allanaron locales de kioscos 24 horas de la cadena Dillon.

Los kioscos, despensas, supermercados, etc. no pueden vender remedios. Ni siquiera los de venta libre, pero mucho menos los que necesitan receta médica, en cuyo caso además de la infracción administrativa aparece la cuestión penal, puesto que se trata del delito de “usurpación de títulos y honores”.

Además, las droguerías que proveen esos medicamentos sólo pueden entregarlos en su distribución desde su sede a las de las farmacias. Sin intermediarios. Una investigación de La Opinión reveló hace más de una década una trama en la que deben intervenir muchos organismos para hacer cumplir la normativa vigente.

Por lo general, la venta de medicamentos en comercios no autorizados se revela gracias a denuncias que llegan a la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud. Muchas veces son los propios farmacéuticos los que ponen en alerta a las autoridades respecto de esa comercialización ilegal, aunque lo puede hacer también cualquier particular, incluyendo funcionarios políticos, que tienen el deber como tales de denunciar situaciones delictivas o irregulares de las que tienen conocimiento.