El Concejo Deliberante aprobó con los votos del oficialismo y sin el acompañamiento de la oposición la moratoria que propusieron el intendente interino Ramón Salazar y el secretario de Hacienda, Fabián Rodríguez, para la regularización de deudas de tasas y otros tributos municipales.

El expediente, que ingresó el 25 de octubre pasado, pasó por comisión y fue explicado por Rodríguez, convocado para tal fin, por lo que el oficialismo consideraba zanjado el debate sobre los términos del programa. Sin embargo, la oposición hizo una serie de planteos y hasta hubo un cuarto intermedio en el que, finalmente, no hubo acuerdo.

El bloque Juntos Pro, de Pelletier y Cappelletti, se abstuvo. El resto de la oposición, Juntos (UCR) y Frente de Todos Coherencia y Convicción (Florencia Sánchez), votaron en contra tras proponer criterios de segmentación para los deudores.

En el cuarto intermedio intentaron alcanzar un acuerdo, sin éxito. Incluso estaban los artículos a modificar redactados y la predisposición a convocar a una sesión extraordinaria de manera urgente. Pero querían el expediente de regreso a comisión. Al presidente del bloque oficialista, Juan Cruz González, le tocó decirles que no, porque el Ejecutivo lo quería así.

El planteo de la oposición tenía que ver con incluir criterios de segmentación para evitar, como ocurre con las moratorias en general, que titulares de muchas cuentas se vean beneficiados con una iniciativa que, como bien dijeron Alejandro Donatti y Florencia Sánchez, a su turno, en sesión, debería respetar criterios de justicia contributiva, con regímenes especiales para cada tasa y derecho incluido.

El denominado “programa de regularización de obligaciones tributarias” fue aprobada “a libro cerrado” por los 10 ediles del Frente de Todos que responden a Ramón Salazar, con dos abstenciones y seis votos en contra.

La moratoria es para deudores de tasas de ABL, Servicios Sanitarios, Seguridad e Higiene (con algunas excepciones como los mínimos especiales), Red Vial y Publicidad y propaganda hasta el 1 de junio de 2022.

Incluye las deudas que estén en ejecución judicial y no tengan sentencia firme, cuyos titulares deberán abonar costas judiciales y honorarios profesionales correspondientes.

El Gobierno informará en los próximos días a los contribuyentes cuándo empiezan a correr los 90 días previstos para acogerse.

Una vez dados de bajo los períodos prescriptos de deuda según la normativa vigente, se acordarán los sistemas de pago. Una condición para acceder será el pago de al menos tres vencimientos de la tasa que quiera regularizar, para luego optar por los planes de pago.

Quien adhiera a la moratoria dentro de los 60 días podrá pagar al contado con una quita del 100 por ciento de los intereses y multas de cada tributo adeudado; también podrá abonar en tres cuotas con una quita del 80 %; en seis, con quita del 60 %.

Si elige pagar en 12 cuotas, tendrá una quita del 40 % un interés de financiación del 2 % mensual; si paga en 18, la quita será del 20 y correrá el mismo interés del 2 %; si paga en 24 cuotas, tendrá un descuento del 20 % de interese sy multas pero con la aplicación de un interés de financiación del 2,5 % mensual.

Quien adhiera luego de los primeros 60 días y quiera pagar al contado, tendrá una quita del 90 por ciento. En cuotas, habrá descuentos pero se aplicarán en cada caso intereses de financiación del 2 y el 2,5 % según corresponda.

Para pagar en tres cuotas, la quita será del 80 por ciento, con el 2 % de interés; en seis, el descuento será del 60 % y también habrá un 2 por ciento extra por la financiación; en 12 cuotas, pagará un 40 por ciento menos de intereses y multas, y el mismo extra.

Quien luego de los 60 días pague en 18 cuotas obtendrá una quita del 20 por ciento y se le aplicará un interés de financiación del 2,5 % mensual. En 24 cuotas, lo mismo.

El Ejecutivo podrá analizar situaciones especiales en las que, ante la imposibilidad fundada de pago, los plazos puedan ampliarse hasta en un 50 por ciento de lo previsto.

El incumplimiento o falta de pago de cuotas implicará la caducidad de los beneficios de la moratoria, aunque el Gobierno podrá evaluar casos considerados “de fuerza mayor” para posibilitar la reinserción al programa.