Este miércoles el Juzgado de Garantías se expidió respecto de la situación procesal de los cinco imputados por el homicidio de Adolfo Vallejos, ocurrido el pasado 12 de mayo en el barrio Villa Igoillo, y decidió mantenerlos detenidos con prisión preventiva.

Así, Ricardo Ontivero, Carlos Martínez, Matías Tesey, Jesús Montaldi y Juan Juárez permanecer alojados en las celdas de unidades penales de Junín y San Nicolás donde fueron trasladados tras unas semanas en la Comisaría, luego de la detención.

La fiscala Ramos solicitó mantener la califiación de homicidio agravado por el precio o promesa remuneratoria, es decir un “crimen por encargo”, puesto que, consideró, hay testimonios que dan cuenta de que Ontivero amenazó de muerte a Vallejos y, sostuvo, el monto a pagar por la presunta mudanza, 150 mil pesos, es “llamativo”.

La defensa de Ontivero, a cargo de Hugo Lima (h), planteó que no consideraba acreditado que hubiera un “pacto por homicidio a cambio de dinero” sino que lo que habían pactado era “un desalojo de muebles y viviendas”. En ese sentido, sostuvo que “No se dio un sicariato, sino un changa” para “mudanza o limpieza”.

El defensor particular de Montaldi, Marcelo Guarc, señaló que él había sido contactado por Juárez para hacer una mudanza y que nada sabía del acuerdo entre Ontivero y Martínez para la tarea, así como tampoco tenía conocimiento del conflicto previo entre Ontivero y Vallejos.

La defensa oficial de Tesey, que no declaró en la indagatoria, planteó que la acusación en su contra sólo se desprende de los dichos del resto, que buscan “mejorar su situación procesal”. Sobre el desenlace fatal del episodio, aseguró que “se encontraron con un resultado de muerte no querido”.

Algo similar indicó la defensa oficial de Martínez y Juárez, que planteó la “participación secundaria” de ambos y pidió que, como carecen de antecedentes y no habría posibilidad de que entorpezca la prueba que resta producir, deberían estar en libertad o al menos con arresto domiciliario.

La jueza María Eugenia Maiztegui consideró que los elementos probatorios existente son suficientes para rechazar los pedidos de falta de mérito, cambio de calificación penal y libertad para los cinco detenidos, puesto que alcanzan para “tener por acreditada la materialidad delictiva y la probable autoría” de los acusados.

Para la magistrada hay “contradicciones entre lo manifestado” por los cinco imputados al momento de declarar tanto con lo consignado en el actad de procedimiento como con lo que refirieron los testigos.

Aunque todos dijeron que no habían llevado elemento alguno, la policía constató que había una maza, machetes y un cuchillo. Mientras uno saltó la reja, otro el tapial y otro rompió el portón, los otros dos, entre ellos Ontivero, estaban en el lugar cuando “sacaron arrastrando a Vallejos”.

El testimonio de Ontivero tampoco colaboró mucho en su defensa. Dijo que le había “pedido bien” a Vallejos que se fuera y que cuando le comentó a Martínez la situación “él se ofreció a desalojarlo” y que le iba a cobrar 150 mil pesos, con limpieza de terreno incluida.

La jueza advirtió que Ontivero y Martínez se contradicen respecto de la presencia de una persona. Mientras el primero refiere que el pacto era para desalojarlo, el otro dijo que no sabía que Vallejos estaba adentro y que desconocía el conflicto.

“No resulta creíble que Ontivero pudiera pensar que, con la sola petición de Martínez, Vallejos se fuera sin más de la casa”, analizó Maiztegui. Es que, bien dijo el propio Ontivero, ya se lo había “pedido bien”, sin resultados.

La participación de todos aparece, según la resolución judicial, sostenida también por la presencia de manchas de sangre en la ropa de todos. La jueza descree de la versión de la “mudanza”, en la medida en que “no contrataron flete alguno”.

“Los cinco imputados asistieron al lugar del hecho llevados por el propio Ontivero en su camioneta, ingresaron mediando violencia y agredieron al causante hasta provocar su fallecimiento, constituyendo un fuerte indicio en su contra lo manifestado cuando estima el monto a cobrar por el trabajo de 150.000 pesos, a mi criterio una suma alto elevada para una simple mudanza”, señala la resolución.

Ontivero, Juárez y Montaldi permanecerán detenidos en la Unidad Penal 3 de San Nicolás; Martínez y Tesey, por su parte, en la Unidad Penal 49 de Junín. Ahora, la Justicia deberá resolver en cada caso respecto de los pedidos de arresto domiciliario para que puedan cumplir la prisión preventiva en su casa.