A 15 años de la toma masiva de las viviendas del barrio San Francisco de Asís, la causa penal que comenzó con la denuncia de los concejales de la entonces oposición a Mario Barbieri dio un paso más camino a su resolución judicial que se espera llegue, algún día, en un juicio oral y público.

El exintendente Mario Barbieri; su exdirector de Viviendas, Flavio Peiró; y la titular de la empresa Giribaldi Hermanos, María Alejandra Giribaldi, fueron convocados por el fiscal Hernán Granda, en quien recayó la causa luego de varias vueltas que tuvo el expediente, para que amplíen declaración indagatoria tras un nuevo informe pericial.

La causa contra Barbieri, Peiró y Giribaldi es por los delitos de estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fiscal Granda entiende que hay “motivo bastante par sospechar” que los imputados “resultan autores” y los requirió para una nueva indagatoria puesto que hay más pruebas en el expediente que les deben ser informadas para que ejerzan su derecho a defensa.

Barbieri fue citado para el jueves 3 de noviembre; Peiró, para el 15; y Giribaldi para el 17. Todos deberán concurrir a las 10.00 de la mañana del día asignado en compañía de sus abogados defensores para cumplir con la diligencia ordenada por el fiscal, que los recibirá en la sede de la UFI que conduce, en Baradero.

En esas audiencias, Granda les informará a los imputados sobre las nuevas pruebas en su contra que surgen de una nueva pericia practicada en el barrio en febrero pasado, cuando peritos oficiales y peritos de parte hicieron la tarea para sumar el informe pericial al del arquitecto Fuchs, que hizo el análisis original cuando la causa estaba en el fuero Federal.

Ese informe pericial fue firmado sólo por los peritos oficiales, por lo que se espera que los de parte, contratados por los imputados, presenten uno propio. Es que el detalle de esa pericia no sólo reafirmaría lo que Fuchs detalló sobre las falencias en la construcción de las viviendas sino que además dispondría un porcentaje preciso respecto del faltante de materiales, que rondaría el 30 por ciento de lo previsto en el contrato original.

A 15 años de la toma de las viviendas y 14 desde que fue radicada la denuncia, este paso que se dará con la ampliación de la indagatoria podría ser el último camino a un juicio a oral, siempre y cuando los imputados no continúen en la tesitura que han mantenido hasta ahora, considerada por la querella como “dilatoria” del proceso.

Es que en 2018, a 10 años de inciada la causa en el fuero Federal y pasada al Ordinario, la fiscala Viviana Ramos había dado por concluida la instrucción y envió al Juzgado de Garantías la solicitud de elevación a juicio. Sin embargo, una vez más, la defensa de los imputados logró posponer.

Rechazados todos los planteos de nulidad y de sobreseimiento que habían hecho en esos 10 años, los imputados apelaron la elevación a juicio y lograron que la Cámara de Apelaciones y Garantías la revoque, con el argumento de que deberían haberse producido más medidas de prueba.

Cuando le devolvieron la causa a Ramos, la fiscala fue recusada. Así el expdiente pasó a Marcelo Manso, que se excusó, por lo que finalmente fue a parar a la Fiscalía de Granda, en Baradero. Desde allí surgió la pericia con peritos oficiales y de parte que se produjo en febrero y cuyo informe oficial impelió al fiscal a convocar a los acusados a ampliar la indagatoria en los términos que prevé el Código Procesal Penal en su artículo 317.

En la pericia inicial, la de Fuchs para el fuero Federal, se estableció que “en modo alguno se condice con la asignación económica atribuida a cada unidad en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas”. En la actual, como se dijo, los peritos habrían mensurado con precisión ese faltante de recursos en la obra.

Tanto en su indagatoria como en declaraciones públicas por el caso, el exinendente y exdiputado nacional Mario Barbieri sostuvo siempre que en la causa hay una manifiesta “intencionalidad” y “ensañamiento político” en su contra.