Esta tarde en Asamblea de Mayores Contribuyentes y Concejales quedaron aprobados los aumentos propuestos por la gestión Salazar para todas las tasas y contribuciones vigentes en la Ordenanza Fiscal Impositiva.

La voz del oficialismo que otrora fue oposición, se escuchó para fundamentar el aumento en relación a la crisis sanitaria que azota al planeta desde hace casi dos años. “Es el estado el que se hizo cargo”, dijo Juan Cruz González respecto a la justificación del incremento generalizado y al endeudamiento que por más de 90 millones de pesos mantiene la comuna con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Luego y por primera vez, ediles del Bloque Juntos UCR que dejaron ahora de ser oficialistas propusieron una variante para la Tasa de Publicidad y Propaganda con la intención de eximir a los comercios y empresas de San Pedro que están atados al contrato que el municipio celebra anualmente con Tip SA, una empresa tercerizada que se encarga no solo de cobrar a los contribuyentes locales, sino que se ocupa de los cánones de la cartelería urbana y del uso de espacio aéreo de antenas.

Primero Alejandro Donatti, luego Paola Basso, el edil Lucas Pisani y por último Hugo Binimelis se encargaron de objetar los artículos referidos a ese ítem y otros como la tasa para la habilitación de industrias y comercios, y multa por derechos de construcción no declarados, y alegaron también que para próximos ejercicios la ciudad se debe una readecuación de las normas que regulan los aportes que implican contraprestaciones a los vecinos.

“Tal vez una sola tasa por propiedad u otra modalidad”, refirió Donatti a la hora de buscar una alternativa más equitativa y más simple de administrar que la actual a la luz de lo deficitaria que resulta la recaudación en torno a servicios imprescindibles como la recolección de residuos, el alumbrado público y los servicios sanitarios.

Cuando fue el turno de los Mayores Contribuyentes, la voz de la profesora Liliana Montero llevó preguntas a “algún miembro informante” (ver nota aparte) y sólo respondió la presidenta del cuerpo, Mónica Otero, con tono molesto por las cuestiones que la ciudadana consultó antes de expresarse con su voto negativo junto a otros cuatro pares que se inscribieron voluntariamente para representar a la población.

Desde el sueldo de casi 700.000 pesos del intendente -que ahora también cobrará Otero por los días de licencia que se tome el interino Ramón Salazar- a ordenanzas como la del “presupuesto participativo” que están vigentes pero no se cumplen, formaron parte del discurso de quien el año pasado ya había sido calificada como “cuatro de copas” por animarse a poner en jaque a varios integrantes del cuerpo que desconocen el contenido, la importancia y los puntos finos de la norma que rige la economía del partido de San Pedro.