Los 30 años de La Opinión llegaron sin la edición papel que cada miércoles sorprendía con algún título interpelante para la población. Intentábamos siempre invitar al debate, la reflexión y muchas veces al impulso de nuevas miradas sobre la realidad local con la esperanza de alguna transformación.

Bordábamos titulares al ritmo de convicciones que ya no son tan frecuentes a la hora de hacer periodismo. Lo único que no sabíamos es que, apenas a 24 horas de cumplir los 30, nos encontraríamos lejos del teclado y sus bailarinas letras, munidos de un celular que es cámara, micrófono y transmisión en vivo por redes sociales.

El domingo pasado, la tapa se movía entusiasmada cuando a las 8.00 de la mañana, a bordo del LilíMóvil, llegábamos a Ituzaingó y Saavedra para ver por primera vez en la historia judicial cómo llegaban a declarar ante la fiscala María del Valle Viviani dos dirigentes gremiales que durante la última década tuvieron a maltraer a comerciantes, empresarios, trabajadores y colegas de otros sindicatos a los que les disputaban afiliados detrás de la quemazón de neumáticos y delivery de piquetes.

Imaginábamos una jornada informativa similar a cada una de las coberturas que hemos hecho desde fines de la década del 80 a esta parte, acompañados de lectores y oyentes. Por nuestras máquinas de escribir se han deslizado todo tipo de impactos: privatizaciones, quiebras, despidos, guerra gaucha y, por qué no decirlo, Semana Santa del 87.

A qué podríamos temer si incluso durante la dictadura acunamos sueños libertarios en el alma de las atrevidas notas e ilustraciones de la revista Humor que comprábamos a escondidas en el atrevido kisoco de la Facultad de Derecho, a metros del bar donde habían ametrallado a un estudiante. Cero miedo en democracia, cero peligro.

A las nueve llegarían los patrulleros con Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola para cumplir con un mandamiento procesal ineludible: ejercer su derecho a defensa en la indagatoria que se les había vedado por una orden de detención que fue ratificada en dos instancias.

Ahí estábamos, con la mirada atenta y el pulso acelerado puesto que un año después del bloqueo, los insultos, las agresiones y los escupitajos que uno de nosotros recibió en las puertas de la distribuidora de la familia Rey llegaban a una instancia interesante.

Durante aquellas jornadas y casi en estreno de su cargo, la fiscala se presentó acompañada por la policía para decirle a Cabaleyro que corra la casilla rodante en la que suele dormir un poco excitado, de las puertas del lugar donde pretendían cumplir su jornada otros trabajadores, tan trabajadores como sus empleadores, una familia que fabricaba sandwichs de miga y con sueños de progreso logró saltar esa barrera que tan ágilmente trepan muchos dirigentes sindicales a los que les gusta la condición de “amo y patrón” mucho más que la de las miserias que viven sus representados.

Por esos días, camiones que valen una fortuna y que pertenecen a otras empresas de la ciudad lucían amenazantes en las esquinas. Ni más ni menos que el capital de trabajo puesto al servicio de la prepotencia y no de la razón que asiste a quien debe reclamar por mejorar sus condiciones laborales en el marco de la ley.

Algo más que derechos pedían y piden estos sujetos que no encuentran el límite adecuado para mantener toda la ruta y estructura bien aceitada con el poder, puesto que si no es el segundo será el tercero de cada lista de cada pueblo el que ocupe algún dirigente gremial de fuste entre los cargos electivos.

Están ahora muy bien asegurados en las boletas que también suelen imprimirse en rotativas de diversos medios que compran para ser ellos los que impongan el relato conveniente. Es así, han ido comprando no sólo diarios sino canales de televisión, radios y medios digitales que pese a no ser muy leídos sirven para marcar agenda.

En fin, a las nueve de la mañana ya sabíamos que a las medidas de fuerza y corte de accesos en San Nicolás se sumarían manifestantes que llegaban a San Pedro para turbar la paz en la que deberían dejar trabajar a la Justicia si es que se demuestra que las pruebas presentadas no son suficientes para condenarlos por coacción, extorsión, amenazas y perturbación.

Diez minutos después a bordo de un Audi que debe patentes y que no figura a nombre de quien lo conducía, llegó el padre de uno de los imputados: Julio Cabaleyro. Vio la cámara, identificó a la periodista y comenzó con su obscena exhibición de acusaciones, amenazas, insultos al ritmo del coro de sirvientes de los que se nutre en cada manifestación.

En la otra esquina, sobre calle Ituzaingó, una mujer angustiada miraba hacia la puerta de la sede de la UFI 7. Era Cintia Espíndola, una de las sobrinas que denunció a Fernando Espíndola por abusos sexuales reiterados cuando eran niños. “Vaya donde vaya, esté donde esté, voy a estar”, dijo.

Poco prudente arremeter a los gritos de “no me filmes porque te vas a comer un juicio que vas a tener que vender hasta la bombacha”, acompañado por las risotadas y el goce de la manada que saca su reposera de baúl, la coloca a la sombra y luego invita al rey a sentarse para incitar a que sus súbditos impidan que alguien refleje sus métodos, que incluyen bebida y comida que también conforman las “donaciones especiales” que reciben para cada protesta a domicilio.

No es necesario relatar mucho más que lo que los sampedrinos han podido ver en Sin Galera, La Opinión y Radio Cuarentena. Aquí en la patria chica todos nos conocemos y hasta el recolector de residuos se sonroja cuando se ve obligado a cumplir un turno de protesta sentado en el cordón de la vereda y mirar con vergüenza a la periodista a la que humillan bañándola en agua saborizada contra una pared que tapan con una bandera verde y otra blanca de “La barra de José”.

Mientras tanto las manos de Cabaleyro empuñan la botella para disparar su líquido violador de libertades a la vista de un jefe policial que observa todo y sigue apacible hasta que una mano desesperada tras las banderas que cubren un cuerpo empapado y meloso se escurre para tocarlo y rogarle: “Lamas, ayúdeme a salir de acá”.

Con poca experiencia, el agente responde “solo la puedo acompañar”, en vez de cumplir con la rigurosa protección a una trabajadora que está en riesgo y se desempeña como periodista; la única que estaba ahí reflejando lo que sucede. El Comisario entendió que lo mejor era privarla de continuar con su tarea y la dejó “cruzando la calle”.

Desde allí, con la indignación a flor de piel, otro celular se encendió para llegar hasta el final. Hasta grabar todos y cada uno de los momentos que dejaron desnudo “al patriarcado brutal” que se denuncia en jornadas y talleres pero no aparece cuando los prepotentes arremeten contra una mujer que ya lleva cuatro décadas ejerciendo la profesión.

No será por antigüedad, sino por respeto que tras semejante impunidad se expresen al menos los principales referentes de los derechos humanos que no son sólo de género.

Así llegamos a este resumen de hoy, con tapa, videos y denuncia judicial. Aquí agradecemos a los que nos abrazaron con mensajes, nos respaldaron y se manifestaron públicamente para rechazar estos métodos de intimidación que acobardan y silencian.

Sorprende la complicidad y la conveniencia de la grieta que ya tiene hastiada a la sociedad y que los mira sin comprender cuál es el propósito de poder que lejos de un servicio al ciudadano tributa a la obediencia debida.

La cámara encendida mostró todo y para quienes gozan de buena audición les contamos que cuando todos pensaron que harían explotar bombas de estruendo, en realidad estaba tronando: era el General Perón que desde algún lugar quería bajar para asestar el escarmiento a los traidores de los trabajadores, amanuenses del poder y gestores de una mafia que no para de crecer.

N. de la R.: Gracias a todos y en especial a colegas de Fopea y Adepa que contribuyeron a generar repercusión para que no queden dudas sobre el comportamiento de quienes sembraron terror y cosecharon impunidad.