El complejo de viviendas que une los loteos “El Durazno” y “Tierra Nuestra” sigue lidiando con los inconvenientes generados desde que la bomba que los abastecía dejó de funcionar.

La Opinión recibió por parte del Presidente de la Comisión de Fomento, Gustavo Asero, una serie de aclaraciones: “Vinieron los bomberos a llenar el tanque, pero nunca se los contrató ni se les pagó”, dijo.

Además, añadió que esta acción fue gestionada por el propio presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro y que él incluso fue parte del grupo activo junto con su esposa. “Queremos agradecerles profundamente la colaboración”, agregó.

Por otra parte explicó que aunque el municipio les cedió la bomba nueva para el barrio, el resto de los gastos que surgieron son cubiertos por los vecinos debido a que la zona no está debidamente catastrada como sucede con tantos otros loteos que se venden antes de contar con todas las autorizaciones.

Asero explicó: “En el barrio se paga $ 2995 de Red Vial. Deberían modificarse las ordenanzas para que los vecinos del barrio también puedan usar los servicios de la ciudad.”

En el caso de esa tasa, que como todas es una contraprestación de servicios, la recaudación está destinada a la mantención de los caminos. Para agua y cloacas los vecinos deberán pagar Servicios Sanitarios y para la recolección de residuos, Alumbrado, Barrido y Limpieza.

Por último, Asero indicó que la “donación de la bomba para la obra de red de agua potable domiciliaria” en el año 2016 por parte de la inmobiliaria fue porque para poder lotear los terrenos era “necesario que contaran con apertura de calle, tendido eléctrico y suministro de agua”.

La falta de autorización e inspecciones alienta a las inmobiliarias a comercializar los lotes y se suman barrios sumamente poblados que luego tienen problemas para escriturar o llevar los servicios.

Los martilleros, por su parte, han manifestado muchas veces las demoras y las dilaciones a la hora de lograr desarrollos inmobiliarios cuyo valor esté al alcance de quienes puedan aspirar a construir su propia vivienda y también para inversores a los que no siempre pueden satisfacer por carecer de normas que hagan previsibles sus inversiones.