“Hicimos silencio como pidieron, nos sentamos y no salieron”, dijo una de las manifestantes antes de retirarse de las puertas del palacio municipal.

“Somos todas familias y mañana vamos a estar acá”, agregó una jefa de familia y remató “la gente enferma, los bebés no pueden salir a la calle”. Una vez que los convocantes vieron frustrada la intención de reunirse con Ramón Salazar comenzaron a desconcentrar con la intención de insistir con el derecho a ser recibidos por el gobierno.

Además de reclamar la presencia de Ramón Salazar, hicieron referencia a todos los jefes comunales de cada uno de los pueblos afectados por la queme indiscriminada de las islas que deben dar explicaciones sobre las acciones que deben emprender contra quienes de manera intencional provocan los focos ígneos.

Desde la concentración exigieron también la presencia de los concejales y convocaron a una nueva reunión para el miércoles a las 20.15.

Sólo un grupo de diez personas entre las que se encontraban los referentes del grupo “Conciencia Ecológica” que desde hace años lucha por le ley de humedales y la preservación del medio ambiente, logró acceder al despacho del Secretario de Gobierno.

“Nos pidieron que vengamos mañana a las nueve de la mañana que nos van a recibir”, dijo una de las integrantes de la organización. Relató que el gobierno estaba molesto por los bombos y que no podrían mantener una conversación en esos términos. Minutos después, la gente comenzó a sentarse y a guardar silencio para aguardar la salida de Ramón Salazar; pasaron varios minutos y la puerta no se abrió. Hubo gritos y reclamos que se sumaron a aclaraciones de una marcha sin intereses partidarios ni actitudes agresivas.

La decepción fue importante porque tras más de una hora y media los autoconvocados esperaban alguna referencia sobre las acciones emprendidas desde la base de operaciones del Plan de Manejo del Fuego o desde la flamante Dirección de Medio Ambiente que hasta el momento no ha revelado su estrategia en el tema que más urgencia tiene en relación al ecocidio que desde hace décadas azota la zona insular que comparten las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.