Los ediles del bloque Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de resolución que tiene como destinatarios al gobernador Axel Kicillof y a las cámaras de senadores y diputados bonaerenses para “solicitar la urgente suspensión” del artículo de la ley impositiva que grava la actividad.
En el texto señalan que la aplicación de ese nuevo gravamen “afecta directamente a los costos operativos de los puertos bonaerenses” y que el tributo, calculado “no sobre ingresos sino toneladas”, representa “una modificación de la base imponible, reemplazando el precio del servicio prestado por el peso de los bienes operados en los puertos, generando desigualdades manifiestas de acuerdo al tipo de carga”.
En ese sentido, advirtieron que la medida tiene un “efecto acumulativo, haciendo que la misma carga pueda llegar a tributar en distintas actividades y en diferentes terminales portuarias, generando serios problemas de competitividad logística”.
Para el oficialismo, el tributo impulsado por el gobierno de Kicillof y aprobado por la Legislatura es “confiscatorio” y “excede la capacidad contributiva de muchos puertos y operadores portuarios”, en especial el de San Pedro, señalan, por sus “bajos volúmenes anuales” de operatoria.
Al respecto, indicaron que “teniendo en cuenta el movimiento operativo del Puerto de San Pedro el ejercicio 2019 (433.986 toneladas), el Consorcio de Gestión debería pagar $ 20.397.342,00 adicionales ($47 por cada tonelada)” lo que “representaría un 46% de sus ingresos brutos, resultando decididamente confiscatorio y finiquitando la competitividad y la operatividad del puerto local”.
