Fotomultas: El escándalo que involucra al ministro D’Onofrio a horas de la llegada de CECAITRA a San Pedro
Al titular del Ministerio de Transporte de la Provincia las balas le pican cerca. Es quien habilita los sistemas de fotomultas que están siendo investigadas por un escandaloso hecho de corrupción. En San Pedro pronto habrá controles a cargo de CECAITRA, una entidad que opera en la mayoría de los municipios bonaerenses. Otros miran con recelo.
El escándalo que involucra al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, relacionado con la adjudicación de la VTV y las multas de tránsito, deja abierto el interrogante sobre la llegada de CECAITRA a San Pedro.
En poco tiempo más funcionará el equipamiento para fotomultas en los accesos de San Pedro, resultado de lo que registren estas cámaras respecto a las infracciones de tránsito. Asimismo, procederán a notificar a los propietarios de los vehículos, con la fotografía correspondiente como sucede en otros puntos del país, para que regularicen la situación en el Juzgado de Faltas.
En el momento de la licitación, CECAITRA fue la única oferta presentada. Se trata de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones, que en realidad nuclea a los proveedores de equipos tecnológicos, software y servicios relacionados a la seguridad vial, que opera en más de 70 distritos bonaerenses. El resto mira con desconfianza.
CECAITRA, o algún funcionario del gobierno de Axel Kicillof, tentó al Municipio sobre la propuesta. Aquí, tentar es hablar de millones de pesos que implica recaudar para los “bolsillos flacos” de los Municipios. En jurisdicción de San Pedro será a través cuatro cinemómetros fijos para control de velocidad y tres sistemas electrónicos de reconocimiento de patentes en la Ruta 1001, ruta 191, Lucio Mansilla y Ruta 9.
Consultado por La Opinión meses atrás, el secretario de Hacienda, Roberto Borgo, explicó que el ente recaudador será el Juzgado de Faltas y de cada infracción se deducirá el porcentaje que le corresponde a la compañía.
De las multas que se cobren por infracciones cometidas en Ruta 9, un 30 por ciento se lo lleva el Estado Nacional. De la misma manera, el Provincial su comisión será un 40 por ciento de las que se cometen en los otros caminos, que corresponden a su órbita. Y si se produce en jurisdicción local, el Municipio se queda con el total.
En agosto pasado el Concejo Deliberante convalidó la única oferta de la licitación y CECAITRA quedó adjudicada para la instalación de dispositivos para fotomultas en los accesos.
El Ministerio de Transporte, a cargo de D’Onofrio, oficia como autoridad de aplicación. Es quien autoriza los convenios y también es quien posee un listado de empresas que prestan el “servicio” en los Municipios.
En el caso de CECAITRA, presidida por Bernardino García, incluye a las empresas Detectra, Secutrans, TN Group y Smart Vial.
Pero resulta que este brillante negocio, donde todos se llevan una buena parte, ha tenido sus derivaciones directamente ligadas con la corrupción, y en el medio las sospechas sobre D’Onofrio. Su pareja, Pilar Claudia Pombo, hasta estas horas presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, sería quien coordinaría a los gestores implicados.
La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11, de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, es quien investiga hace varios meses los hechos. Para el funcionario judicial, el sistema utilizado consistía (o consiste) en procesar las infracciones por parte de empleados administrativos del Ministerio de Transporte nombrados por la política y otros, como gestores, que ofrecían y luego concretaban reducir las multas considerablemente. Y “según la cara del infractor”, eliminarla directamente.
La propuesta de los gestores era ofrecer la posibilidad de saldar sus deudas al 50% de su valor original. Cobraban, pero en el sistema aparecía que las transgresiones fueron eliminadas o cobradas apenas un 5% o 10%.
La diferencia en el valor de la multa era repartida entre gestores y funcionarios que se beneficiaban de este arreglo.
Manipular las infracciones de tránsito es un contundente hecho de corrupción, con una red que se constituye en una asociación ilícita. Detrás de esto, para el fiscal Garganta, podrían emerger funcionarios, abogados y gestores, que de hecho están siendo investigados.
Muchos medios hicieron hincapié en el caso en los últimos días. Pero en el 2021 Jorge Lanata, en Periodismo para Todos, ya había denunciado que CECAITRA, “si bien figura como una asociación civil sin fines de lucro, reparte millones de pesos en ganancias. Además, de lo que le paga el Estado por prestar el servicio, la entidad se queda con una parte de la recaudación por las infracciones”.
Otro dato de entonces fue acerca de las empresas que la integran, donde “la mayoría tienen nombres repetidos en sus directorios”. Es decir, todos tienen que ver con todo.
Sobre CECAITRA ya existe una investigación de la Justicia de Morón. Y este caso involucrando a las universidades, que para algunos Gobiernos siempre oficiaron como entidades tercerizadas para operar. Tal es el caso de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Al surgir montos que impedían contrataciones directas (hay límites para esto), la normativa habilitaba a las universidades para hacerlo de esta manera. Tal es el caso de recurrir a una cooperativa, con lo cual se evita realizar una licitación.
En San Pedro ahora se esperan algunos trámites administrativos para luego pasar a la colocación de los sensores. Y después, a ser precavidos en el tránsito porque los valores de las multas resultan onerosos…, siempre que no intervengan “gestores”.
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