-Por Martín Pando

En los últimos tiempos, parece estar imponiéndose en San Pedro un nuevo modo de cursar las decisiones de política pública que me resulta, cuanto menos, preocupante. Me refiero a la idea de resolver, por sorteo, a quienes se selecciona como beneficiarios de diversas ayudas estatales. Pasó con la polémica adjudicación de las 84 viviendas del llamado “Barrio Arcor”, y volvió a suceder esta semana con el otorgamiento de 100 becas a estudiantes sampedrinos.  

Sin poner en tela de juicio las buenas intenciones del estado municipal en cuanto a la posibilidad de generar, en este caso, viviendas sociales o becas, siento que la dificultad para definir criterios objetivos para que el estado pueda decidir quiénes son los ciudadanos que por mérito o necesidad deberían ser beneficiarios de esas ayudas socava la confianza de la comunidad en el proceso de selección y en el gobierno en su conjunto.

Si bien sortear beneficios podría parecer a priori un modo “transparente y objetivo” de asignar recursos, si lo pensamos bien concluiremos que no es una forma ni justa ni equitativa de tomar decisiones. Porque puede llevar a una asignación injusta de recursos (que se beneficie quien no lo necesita) y no asegura, ni mínimamente, que las ayudas cumplan con los criterios y objetivos de política pública que se definan.

Es que la elección de beneficiarios por sorteo no tiene en cuenta las necesidades individuales o las circunstancias específicas de cada persona o colectivo social sobre el que se quiere intervenir. Para asignar recursos basándose en el azar o el destino ya tenemos la vida misma. Del estado esperaríamos una actuación más inteligente que iguale oportunidades y distribuya con justicia. 

Por otra parte, implica también una diferencia sutil pero importantísima desde el punto de vista del ciudadano: la diferencia entre sentirse beneficiario de un legítimo derecho al acceso de una política del estado, o ganador de una rifa que se percibe como un obsequio del gobernante. 

Una intervención pública inteligente debe garantizar que la asignación de recursos se base en necesidades justas y equitativas. Pero para hacer esto es necesario utilizar criterios claros y transparentes para seleccionar a los beneficiarios, basados en evaluaciones objetivas y datos concretos. 

En lugar de elegir beneficiarios por sorteo deberíamos enfocarnos en definir claramente las prioridades de intervención del estado. Porque  cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen más fáciles. 

Gobernar es decidir: No se pueden rifar las decisiones. Esto implica valorar cuestiones difíciles y a veces impopulares. Saber decir que sí y que no con la potencia de los argumentos y sin evadir responsabilidades.  

A veces, puede ser necesario tomar decisiones controversiales, pero en definitiva esa es la tarea del gobernante. Esto sin dudas requiere coraje, liderazgo y templanza, para conducir a la sociedad hacia objetivos comunes.

Estoy convencido de que el verdadero liderazgo consiste en tomar decisiones difíciles, pero imprescindibles para construir una comunidad mejor. Y entregar al azar o a la fortuna el resultado de la intervención pública estatal implica, en definitiva, evadir la responsabilidad de tomar decisiones.