Este martes al mediodía, la fiscala Viviana Ramos, titular de la UFI N° 11, participó de la reunión por seguridad que organizó el Gobierno ante el reclamo de vecinos autoconvocados, junto a autoridades policiales, concejales y funcionarios.

Al retirarse, habló con la prensa. “Se trató de explicar el trabajo que se hace a nivel policía y fiscalía. Se está tratando de mantener una comunicación más directa de los conflictos que suceden, que ya vienen de años, y tratar de dar respuesta y, más que nada, un contacto directo. De eso se trata”, aseguró.

De la reunión participaron algunos de los vecinos que impulsaron un petitorio para pedirle al Gobierno de Ramón Salazar que acciones para frenar la ola de delitos que afectan sobre todo a los barrios periféricos y la zona rural.

Sobre los reclamos que le plantearon, la fiscala consideró: “Los reclamos no son tanto a la Justicia, si no también a la cuestión institucional, la falta de recursos de la policía, y el recurso tiene que venir desde los gobernantes. Nosotros les expresamos lo que se trabaja en cada causa”.

“Los tiempos de una víctima nunca van a hacer compatibles con los tiempos que tiene la Justicia para evaluar cada una de las pruebas”, aseguró Ramos y ejemplificó: “Las huellas que se obtienen van a Junín, si obtengo ADN se tiene que mandar a La Plata. Se trata que la víctima comprenda, que sea contenida, escuchada, y de esa manera pueda entender de qué se trata un proceso penal”.

En ese sentido, aclaró sobre los “delincuentes liberados”: “Es una expresión muy genérica. No trabajamos con delincuentes, trabajamos con causas puntuales, investigamos hechos. Cada hecho tiene sus particularidades, hay que presentar pruebas que se elevan a un juzgado de garantías, que las analiza. Entonces no podemos hablar de delincuentes liberados”.

Por último, la fiscala, que debió retirarse algunos minutos antes de la finalización de la reunión, que duró alrededor de dos horas, dijo que pidió los contactos de las víctimas para “tener contacto directo con los vecinos”.