Jueces de Garantías recibieron a funcionarios del Gobierno y dialogaron sobre el rol de cada parte ante la inseguridad
Prati, Parodi y Maiztegui se reunieron en San Nicolás con el intendente interino, Alfredo Carrasco, el secretario de Seguridad, Carlos Farré, y el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta. "Se plantearon las principales problemáticas", informaron desde la Municipalidad.
Funcionarios del Gobierno municipal fueron recibidos este martes en San Nicolás por los jueces de Garantías del Departamento Judicial al que pertenece San Pedro.
Las autoridades locales habían solicitado una audiencia con los magistrados tras las marchas por inseguridad y para "expresar la profunda inquietud por la reiterada liberación de delincuentes que son detenidos y rápidamente puestos en libertad".
El Gobierno informó a través de un escueto comunicado —en el que no dio detalles sobre las respuestas que recibieron por parte de los magistrados— que "se expuso la situación actual del Municipio, se plantearon las principales problemáticas y se reafirmó el compromiso de continuar trabajando en conjunto con los fiscales y el procurador".
En los pasillos judiciales se sabe que los jueces Ricardo Prati, Román Parodi y María Eugenia Maiztegui suelen repetir ante los funcionarios de los Ejecutivos municipales que los Juzgados de Garantías intervienen una vez consumados los delitos y que deben apegarse a lo que establece la ley.
En reuniones de este tipo, los jueces suelen evitar tecnicismos para exponer su mirada sobre una problemática que tiene diversas aristas y en las que los niveles nacional, provincial y municipal de Gobierno tienen responsabilidades que no pueden eludir, sobre todo en materia preventiva y de intervención social.
Una de esas responsabilidades es la que está relacionada con los lugares de detención. En el Poder Judicial saben que, incluso con la Ley de Reiterancia aprobada, para detener personas con prisión preventiva hay que tener dónde.
El pabellón 8 de la Unidad Penal 3 de San Nicolás, por poner apenas un ejemplo, tiene 102 personas donde debería haber 40 y dos duchas para toda la población. Esa cárcel tiene en total alrededor de 900 presos con lugar para 358.
El Ministerio de Justicia bonaerense es el responsable de las cárceles provinciales y el de la Nación, de las nacionales. El Ministerio de Seguridad, por su parte, es el que debe resolver el problema de las comisarías, la mayoría de la zona con calabozos clausurados por malas condiciones para albergar presos.
Ello provoca, por ejemplo, que detenidos sampedrinos sean trasladados a sitios alejados como Luis Pardo en su momento a Suipacha o los cómplices del ex Uatre Kiko Cáceres a La Madrid y Laprida.
Ello implica móviles de la Comisaría o de la DDI que deben gastar combustible y disponer personal para llevarlos al sitio de alojamiento, traerlos en caso de declaración y volver a trasladarlos cuando haya cupo en una cárcel. "Son más baratas las obras", aseguran quienes conocen los números de cerca.
Los jueces fueron receptivos a los planteos de los funcionarios, pero también expusieron con claridad cuál es su rol y cuál es el que le corresponde a los gobiernos.
Además, pondrán a disposición del Municipio una serie de datos que permitirán planificar la intervención preventiva que el Gobierno local puede llevar adelante en conjunto con la Policía de Seguridad.
"Desde el gobierno municipal continúan las gestiones y el trabajo conjunto con las autoridades judiciales para fortalecer la seguridad y mejorar la respuesta ante las necesidades de la comunidad", difundió el área de prensa municipal.
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