Roberto Branto Ayala fue condenado a 48 años de prisión luego de que un jurado ciudadano lo hallara culpable del crimen del joven policía Nelson Lillo, ocurrido el 25 de enero de 2018 en el marco del asalto a un camión repartidor en la esquina de Oliveira Cézar y Rivadavia.

La pena impuesta unifica la condena que cumplía cuando, evadido tras una salida transitoria de la que no regresó, con la que le corresponde por los delitos de homicidio agravado por asesinar a un policía, robo calificado, portación ilegal de arma de guerra e intento de robo a mano armada por haber querido asaltar a un automovilista cuando huía tras el tiroteo con la policía.

“Más allá de que uno busca justicia, los daños son irreparables para la familia”, dijo la abogada Marisa López Bravo, que patrocinó como particulares damnificados a los padres de Nelson Lillo, cuya madre enviudó y llegó sola al debate oral y público en el que se ventiló el caso.

“La investigación fue impecable por parte de la Fiscalía”, consideró López Bravo respecto de la tarea del fiscal Marcelo Manso, que tuvo a su cargo la instrucción del caso y que contó para el juicio con la asistencia de su colega de Baradero, Hernán Granda.

La abogada repasó algunos aspectos relevantes del juicio y del proceso que llevó al Tribunal a la decisión de imponer una pena de 48 años para el homicida y destacó la importancia del “papel que juega el juicio por jurados”.

“Fue impecable la tarea de las personas que estuvieron en el jurado”, sostuvo López Bravo y consideró que los vecinos que integraron el plantel que tuvo que juzgar los hechos lo hizo con absoluta responsabilidad.

En el caso quedan al menos dos dudas importantes: quién fue el que con cabal conocimiento de los movimientos de la empresa les pasó a los delincuentes los datos fundamentales para cometer el asalto ese día y en esas condiciones; y quiénes fueron los que mantuvieron escondido a Branto Ayala hasta que lo entregaron.