La lista que arrancó con los nombres de los desplazados cuando Cecilio Salazar recuperó su cargo de intendente se transformó en una advertencia para quienes rodeaban a los funcionarios salientes. Consciente de los perjuicios que le ocasionó al Municipio la delegación del poder en su hijo, el reelecto intendente de desprendió de varios funcionarios. Los más relevantes: Marcela Cuñer y Gustavo Franco.

Los colaboradores de sus áreas también fueron seguidos minuciosamente, algunos derivados a otras tareas y el resto tratando de reacomodarse o en el peor de los casos renunciar como hizo Sergio Ríos. Fue el único que en aquella etapa rompió el silencio.

El caso que ahora envuelve a Luciano Juhant a quien la justicia le ha dado la razón para ser restituido al cargo de ambulanciero con el que fue “castigado” y para el que no contaba con experiencia alguna, escribe ahora nuevos capítulos.

Algunos impensados y otros con pedido de silencio por parte de quienes se sienten víctimas de una persecución por haber acompañado a la lista que encabezó Ramón Salazar.

Los audios que comparten los dolientes y los penalizados suenan poco creíbles para una comuna que tiene muchos problemas de gestión y no puede darse el lujo de perderse en cuestiones menores.

Durante los últimos días La Opinión consultó al intendente sobre los cambios y las renuncias que exigió a su gabinete y la única precisión es que hay un nuevo organigrama. También se buscaron respuestas en la Secretaría de Economía para tratar de conocer la versión oficial sobre la realidad que atraviesan varios empleados que vieron reflejados en sus recibos de sueldo las consecuencias o “el escarmiento” por haber participado en las elecciones generales.

En la lista, están Fernando Negrete, quien después de haber sido un gran colaborador en la gestión 2015-2019 fue confinado a desempeñarse como parquero a cargo del Consorcio de Gestión del Puerto, Mauro de Rosa que tiene estabilidad como empleado y asume como Concejal, un dependiente de la dirección de turismo que está con un contrato precario y un profesional con 20 años de antigüedad al que le cancelaron su bonificación por dedicación exclusiva tras haber aceptado fiscalizar para La Libertad Avanza.

La nómina no termina porque llegan mensajes de quienes no confían tampoco en los sindicatos que los representan. Hay consultas con abogados laboralistas y pedidos de licencia en marcha para evitar la mala convivencia que trae aparejado el ser y pertenecer al equipo del Jefe Comunal.

En ese grupo hay trasladados al parques y jardines que no han agarrado nunca una pala, quite de horas extras para otros y hasta personal de salud que nunca se supo que función cumplían ni cuál cumplirán.

La única certeza por el momento es que cualquier acción que se emprenda contra la administración municipal con resultado adverso deberá ser pagada por los contribuyentes y el déficit de 2023 no deja margen para arriesgarse sin que se sospeche que en una gestión donde siguen cobrando los denunciados por robar en el cementerio se tenga que indemnizar a quienes fueron sancionados por “infidelidad”.