No puede salir a pescar ni usar la lancha, pese a que le habían prometido "que iba a caducar" la multa
Prefectura interceptó al hijo del dueño de La Samanta cuando pescaba porque sospechaban que la embarcación era robada. El procedimiento, a todas luces irregular, terminó con multa y prohibición de utilizar la embarcación pese a que tiene su documentación en regla.
“Vengo de familia de isleros, es injusto”, dijo el dueño de la lancha que hoy tiene prohibida la navegación pese a que está incripta y con los impuestos del año en curso pagos.
Su embarcación fue penalizada cuando la tripulaba su hijo, porque sospechaban que podía ser robada. Fue interceptada por un guardacostas y de ahí en más comenzaron los problemas en base a varias irregularidades del procedimiento que efectuó Prefectura.
“No había orden de ningún juez”, relató el hombre, que desde marzo se vio envuelto en una situación en la que se le hicieron promesas que luego no se cumplieron.
“Me rompieron los remos y se llevaron todo lo que había pescado mi hijo”, realtó respecto al operativo que empezó en la zona de La Tosquera y concluyó en el puerto.
Indicó que no se le pidió documentación alguna y que le preguntaban si tenía armas, pero en ningún momento hicieron referencia a la única infracción que luego pudieron labrar: no tenía el carnet de timonel.
"Nosotros necesitamos salir a pescar, mi hijo vive de la pesca. No podemos estar sin trabajar", dijo Lorenzo Cáceres.
“Algún marinero a veces se sale de la ley”, le habría dicho la titular de la Prefectura local a poco de asumir y le pidió por favor que no contrate a un abogado porque podía verse perjudicada.
“Vaya a pescar tranquilo, que no va a pasar nada”, le aseguraron. Sin embargo, no fue así. Esta semana le llegó una sanción que le prohibe navegar en su propia embarcación aunque la multa figura a nombre de su hijo, Fernando Martín Cáceres.
Durante estos meses, Lorenzo Cáceres cuenta que intervinieron distintas autoridades. Desde el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni, al intendente, Cecilio Salazar, quienes escucharon su recalamo y plantearon la necesidad de revertir la sanción que se le había pretendido imponer y que en todo caso sólo podía afectar al titular de la infracción.
También otros pescadores se hicieron eco de las necesidades del titular de La Samanta, que en definitiva es el sancionado.
Pide que alguien tome medidas porque el pago de sus tributos está al día, la lancha está habilitada y se le impide usarla. La familia tiene una vivienda en la isla a la que frecuentemente debe llegar y ahora depende de las autoridades para trasladarse.
El tema es claro: esa multa de 300 mil pesos es producto de un operativo que no se ajusta a un procedimiento legal y por ende podría haber sido cuestionada de no haber mediado la participación “de palabra” de varios intermediarios.
Aun así resulta llamativo el proceder ya que el operativo tuvo lugar en marzo, la multa llegó días después y cuando el titular de la embarcación dijo que no tenía todo ese dinero le dijeron que “la multa iba a caducar y que no la pague”.
En mayo le llegó una intimación y el 15 de julio, la prohibición de uso de la embarcación.
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