Las fiscalías 5 y 11 deberán buscar otro edificio para desarrollar sus actividades diarias la presencia de un cartel de venta que una inmobiliaria local colocó sobre la propiedad dónde funcionan ambas sedes judiciales deja en claro que en breve deberán mudarse.

La familia Rodríguez, propietaria de la finca, decidió no renovar el contrato de alquiler que mantenía con la Municipalidad de San Pedro, ya que tiene como propósito venderla.

El convenio que las partes rubricaron hace cuatro años concluyó en el mes de junio último pero ante la imposibilidad de conseguir otro edificio para trasladar a las dos fiscalías los dueños del lugar acordaron prorrogarlo cómo última alternativa hasta el próximo 31 de diciembre.

Mientras tanto desde la Secretaría de Seguridad comenzaron a evaluarse distintas alternativas para trasladar la sede de las fiscalías que condiucen Marcelo Manso y Viviana Ramos a otro lugar.

Las posibilidades de contar con una propiedad que presente las características que la fiscalía necesita no sobran y una alternativa firme que había aparecido no contaría en principio con el aval de los arquitectos que evalúan las condiciones de cada dependencia.

Tanto las autoridades municipales como los responsables de las fiscalías habían coincidido que una propiedad ubicada sobre la calle Honorio Pueyrredón al 100 reunía las características necesarias para desarrollar las tareas, teniendo en cuenta que son dos las dependencias que deben mudarse, aunque lo dispuesto por las autoridades provinciales le puso pausa a la decisión final.

Es decir que la única alternativa firme que había aparecido aún no está definida cuando hasta había un principio de acuerdo con el propietario de la casa. La propiedad cuenta con espacio suficiente para trabajar con cierta comodidad y la ubicación también era un punto a favor, ya que facilitaría la operatividad.

A pocos meses de concluir el acuerdo con la familia de la propiedad que en su momento perteneció al recordado vecino Claudio “Chocho” Rodríguez no existe una propuesta firme y de no concretarse no se descarta que ambas dependencias judiciales puedan trasladarse al edificio de la fiscalía general en San Nicolás como última alternativa.