Las 84 viviendas que el Gobierno local sorteó este sábado en el club Independencia forman parte de un programa de construcción financiado por el Estado nacional en terrenos que la empresa Arcor donó a la Municipalidad “con cargo” específico, es decir con una finalidad que, advirtió la empresa, no es la que le dio ahora el Ejecutivo local.

La compañía advirtió al Gobierno que conduce el intendente interino Ramón Salazar que hay una ordenanza vigente que establece que esa tierra debe utilizarse para construir viviendas para relocalizar a vecinos del Bajo Puerto que viven en terrenos de Arcor, en el marco de una segunda etapa de la erradicación de familias que comenzó con la edificación del barrio que hoy se denomina como la firma que tiene su fábrica en ruta 191 y las vías.

Consultado sobre esta situación, que podría implicar no sólo un litigio entre Arcor y el Municipio sino además alguna situación para las familias que resultaron adjudicatarias de las viviendas en construcción, el intendente interino Ramón Salazar confirmó a La Opinión que hay un canal de diálogo en procura de alcanzar un acuerdo.

“Me enteré de eso, estuve llamando a través de un amigo, pedí que le hablen al dueño de Arcor para ver con quién tenemos que hablar para ver cómo resolvemos algún planteo que sé que ha hecho, alguna diferencia respecto del terreno, un cargo que habría”, dijo el concejal a cargo del Poder Ejecutivo desde la licencia del intendente electo, Cecilio Salazar.

“Yo lo que le propuse a la gente de Arcor es que vengan a charlar en buenos términos, mi idea no es tener ningún conflicto con Arcor, por el contrario, el Municipio tiene que apoyar a todas las empresas, como el Estado nacional y provincial”, aseguró.

Ramón Salazar dijo que habló “con una persona que indicó el dueño de Arcor”, por telefonó, y que lo invitó “a venir a al Municipio a charlar” para “ver de qué manera podemos hacer lo mejor tanto para el Municipio como para Arcor”.

El artículo 2 de la ordenanza 5422 del año 2004 mediante el que Indalar / Arcor donó esas tierras al Municipio es el que puso las condiciones: lo terrenos sólo se pueden utilizar para construir viviendas “que serán destinadas a la reubicación total de las personas alojadas” en donde la empresa tiene propiedad en Bajo Puerto; la Municipalidad debe hacer cago de las escrituras; y “para el supuesto del incumplimiento” Arcor “podrá revocar la donación y exigir la devolución del terreno”.

El concejal de Juntos (UCR) Alejandro Donatti, que era funcionaio del Gobierno de Barbieri cuando se acordó la donación del terreno y se sancionó la ordenanza vigente, consideró que si no hubo acuerdo con Arcor estamos ante una situación legal compleja”.