Este martes volvió a trabajar como directora de la escuela 6 la docente Lucrecia del Pozo, que había sido separada del cargo en diciembre del año pasado luego de que una madre denunciara que el equipo directivo del colegio no había dado respuestas satisfactorias ante un caso de bullying contra un niño que asistía a clases con las uñas pintadas.

Del Pozo había sido separada preventivamente de este cargo directivo y del que cumplía en otra escuela. Desde el primer momento, su planteo fue que había una “persecución ideológica” en su contra y que la habían sancionado por haber sido precandidata a diputada nacional por el partido Celeste Provida, por el que hizo campaña señalando su posición respecto de una educación “libre de la ideología de género”.

Este martes en Radio Cuarentena, su abogado, Claudio Venchiarutti, explicó los alcances de la decisión de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), organismo que oficia de Ministerio de Educación en la provincia de Buenos Aires, de reponerla en el cargo a seis meses de la decisión de Jefatura Distrital local de separarla.

Venchiarutti aseguró que la DGCyE “consideró que la instancia presumarial estuvo plagada de irregularidades” y que hasta inició “una investigación” para establecer si la jefa distrital de Inspección Educativa local, Marcela Lucchesi, incurrió en “arbitrariedades” respecto del caso.

“Eran acusaciones genéricas, que apuntaban al spot publicitario que ella realizó cuando era candidata en campaña política, hubo preguntas al respecto sobre esas cuestiones que ella dice en el spot pero que eran parte de la campaña no de su trabajo como directora”, dijo el abogado sobre la instancia presumarial iniciada en diciembre.

Venchiarutti apuntó al Gobierno municipal y consideró que hubo una “persecución” hacia Del Pozo por su precandidatura y su posición “provida”, aunque sin tener en cuenta que el propio intendente en uso de licencia Cecilio Salazar se declaró no sólo a sí mismo y a su Gobierno sino hasta dijo que “San Pedro es provida” cuando se discutió la ley de aborto.

“Hicieron uso de eso para atacar a Lucrecia”, dijo el abogado respecto del caso de bullying denunciado por una mamá. “Ella ni siquiera conocía al niño, todos eran ‘dichos de’; a las que tenían contacto directo y conocían la situación no les aplicaron niguna sanción”, señaló.

“Hubo una cuestión arbitraria y un impulso del Municipio, que pasó información falsa”, cuestionó el abogado y cargó contra la Secretaría de Género que conduce Laura Monfasani

Venchiarutti y Del Pozo hicieron los reclamos administrativos pertinentes contra la decisión de separarla preventivamente del cargo y además fueron a la Justicia para solicitar una medida cautelar que la restituyera a la Dirección mientras se sustanciaba la investigación.

El abogado explicó que el juez que entendió en la causa pidió un informe de lo actuado en el presumario y que ello derivó en que en La Plata se percataran de que hubo “una falta de realizar bien las cuestiones administrativas”.

“Ella había presentado un recurso jerárquico para que se remita a La Plata y nunca se remitió. Si no íbamos a la Justicia quedaba dormido para siempre, tuvieron que reconocer ese error de no haberlo enviado, se hizo una investigación administrativa respecto de eso”, detalló Venchiarutti.

Dijo que la DGCyE “se expidió y su opinión es que no comparte la decisión de jefatura distrital. El viernes fuimos notificados de que tenía que presentarse el lunes y ese día informaron que era restituida a su cargo en la escuela 6 y ahora resta que la repongan en la otra escuela, porque tenía dos cargos” precisó.

“Hubo intervención de la Justicia para que el ministerio tome conocimiento, y estableció que hubo ciertas arbitrariedades que no compartió y dictó esta resolución, porque no compartía lo que hicieron las inspectoras en la etapa presumarial, que si bien fue convalidada para su inicio, nosotros no nos opusimos sino que planteamos que no se pusieran medidas previas de relevo de cargo previo a la etapa sumarial”, señaló y cuestionó la “intencionalidad” política e ideológica en la decisión ahora revocada.