Sorteo de 84 viviendas: la escribana Dubini fue notificada por Arcor y no supervisará el acto
El gobierno buscaba ayer a otro profesional para garantizar la transparencia del acto. La advertencia de la empresa es porque los terrenos donde se emplazan las viviendas estaban destinados a familias afincadas en los terrenos de Indalar. Desde 2015 el Municipio y el Concejo Deliberante lo sabían y fueron advertido varias veces por la empresa.
La Dra. Cecilia Dubini confirmó anoche a La Opinión que no será quien supervise el sorteo organizado para esta tarde en el Estadio Municipal. Recibió una carta documento cuyo contenido este medio desconoce pero coincide con el mandamiento de una ordenanza de 1997 y otra de 2007 que estipulan las condiciones en las que la Municipalidad podía disponer de los terrenos de propiedad de la empresa Indalar, ahora Arcor, para la relocalización de 160 familias que ocupaban la zona baja de las barrancas en la que se proyectaba la operatoria de un puerto privado.
Hay 655 familias que aguardan su oportunidad para ser beneficiarias y sus nombres y apellidos fueron dados a conocer ayer. Hubo silencio entre las autoridades y molestia en la última conferencia de prensa cuando llegó una ronda de preguntas que el periodista Rafael Flaiman formuló en torno a las contrataciones de la empresa Grupo Alfa, con un empleado al que consideraba socio de su cooperativa y había sido despedido.
Ahora se sabe que la única pregunta que ni Javier Silva ni Ramón Salazar -ambos abogados- querían responder porque varias veces durante el transcurso de la construcción del plan fueron advertidos por la empresa. Es la primera vez en más de dos décadas que se adopta un mecanismo transparente para adjudicar viviendas a personas que alquilan o viven en propiedades con contrato de comodato y pueden pagar las cuotas.

El Concejo Deliberante también hizo oídos sordos o al menos se distrajo puesto que ante la falta de respuestas Arcos decidió intimar al cuerpo el pasado 6 de Febrero. Con la presidenta, Mónica Otero de licencia, resulta difícil cotejar la correspondencia entrada pero en la página oficial no consta que habrá una batalla legal que se desatará a corto plazo para que sean las familias que debían ser reubicadas las adjudicatarias.

El Dr. Javier Silva que también es escribano y hasta ayer garantizaba que el acto de adjudicación se mantiene sin cambios.
El archivo de La Opinión muestra claramente que al menos un funcionario de larga trayectoria en su área sabía perfectamente que la inscripción de postulantes violaba disposiciones expresas para la utilización de esos terrenos.
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