El Gobierno apeló en tiempo y forma el fallo de la jueza en lo Contencioso Administrativo que declaró “inválido” el sorteo de las 84 viviendas que se construyen en el barrio Villa Depietri, tras el planteo de la empresa Arcor ante la Justicia.

La secretaria Legal y Técnica, Viviana Costa, y el director de Asesoría Letrada, Ricardo Uguet, presentaron un escrito en el que repasan las cuestiones que llevaron al planteo de Arcor y devinieron en la medida cautelar a la que hizo lugar la jueza María Isabel Fulgheri.

Allí argumentaron, como sostuvo el Gobierno públicamente, que el cargo de la ordenanza mediante la que Arcor donó los terrenos para la construcción de viviendas “está cumplido” y que la empresa ya no tiene qué reclamar.

La ordenanza, advierte la apelación, dice que esos terrenos fueron donados para construiri viviendas que “serán destinadas a la reubicación total de las personas alojadas actualmente en los terrenos propiedad de la donante”. Hace hincapié en “actualmente”, que refiere a 2004.

En ese sentido, los abogados de la Municipalidad indicaron que para reubicar familias hicieron un relevamiento con personal profesional cuyo resultado fue un listado de 95 grupos familiares. Entre ellos, detallaron, había “situaciones irregulares” y gente que no aceptó irse del lugar. Quedaron 80, los que fueron ubicados en el barrio Arcor, cuyas unidades habitacionales se entregaron en 2007.

En ese marco, la Municipalidad sostiene que si con posterioridad a la entrega de esas viviendas los terrenos de Arcor fueron ocupados nuevamente, “ese hecho se habría producido por culpa y responsabilidad” de la propia empresa, “que debía cuidar los terrenos como dueño”.

Otro de los argumentos planteados por el Estado local es de la falta de acciones, en los últimos 19 años, por parte de “los potenciales beneficiarios del cargo” ni por parte de la empresa Arcor, puesto que hasta que no se anunció el sorteo nunca hubo planteo alguno.

Además, la Municipalidad se refirió al relevamiento que hizo Arcor el 10 de marzo pasado en el Bajo Puerto. Golpearon en 40 viviendas y fueron recibidos en 31. El Gobierno advierte, de la lectura de ese censo, que “19 eran menores de edad al 2004 y de los 12 adultos, solo cinco aceptarían ser reubicados” y que ninguno de ellos residía en la zona en esa época, por lo que no podrían ser beneficiarios del cargo.

Para el Gobierno, la medida cautelar dictada por la Justicia afecta “gravemente el interés público” porque pone en juego la necesidad habitacional de la población y pone en riesgo de usurpación las viviendas en construcción.

“¿Cómo hará la Municipalidad de San Pedro para cuidar esas viviendas hasta que se resuelva la cuestión de fondo? ¿Esas viviendas quedarán desocupadas por años con la necesidad habitacional que existe?”, se preguntaron los asesores legales del Estado local.