En febrero pasado, el juzgado de Garantías que conduce Ricardo Prati suspendió una orden de desalojo que estaba firme contra vecinos de un asentamiento de Villa Igoillo porque fue notificado de la inclusión de ese barrio en un programa de integración urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

A más de cuatro meses de aquella resolución, los vecinos del barrio elevaron una nota al intendente para pedir su intervención porque, aseguraron, los representantes de la empresa de capitales chinos San Pedro Farm, que logró el desalojo del asentamiento precario denominado como “del callejón Pascual”, les advirtieron que la causa penal sigue en pie y que el reclamo por la propiedad de parte de donde tienen emplazadas sus viviendas está firme.

El barrio está delimitado por las calles Molina, Zanúccoli, su continuidad simbólica que corre por una traza irregular que bien podría ser denominada continuidad de 11 de Septiembre pues allí desemboca en dirección a Mansilla, y las vías del Ferrocarril.

El planteo de San Pedro Farm, la empresa de capitales chinos propiedad del supermercado mayorista, la nueva Terminal de Ómnibus y el predio desalojado en octubre del año pasado, es que tanto esa calle irregular denominada Zanuccoli bis como parte de los terrenos ocupados por los vecinos del barrio que se denomina “Don Pedro” están dentro de su propiedad.

Aunque Prati ordenó suspender el desalojo, la causa está en trámite porque la firma reclama esa porción de tierra. Los vecinos le enviaron una carta al intendente interino Ramón Salazar para ponerlo en conocimiento de la situación que atraviesan porque, informaron en la nota, fueron advertidos por representante de la empresa respecto de la continuidad del proceso penal en su contra.

“Luego de todos estos acontecimientos”, dicen en alusión a lo ocurrido a fines de febrero, “Alejandro Juan Bennazar nuevamente nos incrementa el temor a perder nuestras viviendas que tanto sacrificio nos costó”, indicaron. El martillero consignado en la nota es el representante inmobiliario de la empresa San Pedro Farm, cuyo abogado es José Benito Aldazabal.

Los vecinos señalaron que Bennazar les manifestó que “la causa se encuentra en juicio y que se podría producir un desalojo”, por lo que solicitaron al Gobierno municipal que “amparo yuna solución justa”.

Bennazar, señalan en la nota, se hizo presente en el barrio apra explicarles que como titular de la inmobiliaria que lleva su nombre “se encuentra con la gestión y trámite” de la situación y que las viviendas “se encuentran dentro del terreno” de la empresa de capitales chinos que representa.

Respecto del predio, los vecinos reconocen haber comprado a “un ciudadano que refería ser propuetario y que en este momento se encuentra fallecido” y que “frenta a la necesidad de vivienda” nunca le reclamaron documentación alguna.

“La mayoría de los vecinos que habitamos la zona resultamos ser ciudadanos de trabajo y nos resultaría imposible volver a construir una vivienda”, advirtieron en la nota que le enviaron al intendente interino Ramón Salazar este lunes.