El servicio de recolección de residuos e higiene urbana seguirá a cargo de la empresa Ashira de manera precaria, luego de que el Concejo Deliberante apruebe la prórroga que hasta diciembre firmó el intendente Cecilio Salazar con el presidente de la compañía.

La continuidad es una nueva extensión del contrato de 2008, puesto que desde su vencimiento la única licitación a la que se llamó tuvo lugar en 2015, durante el interregno del entonces concejal Fabio Giovanettoni en el Ejecutivo, que quedó desierta porque nadie se presentó a la convocatoria, ni la propia Ashira.

El servicio en la actualidad cuesta alrededor de 42 millones de pesos y su actualización está atada a importes de insumos que incrementan constantemente. Además, la tasa de es deficitaria en su emisión: es decir que aunque todos los contribuyentes pagaran no alcanzaría para cubrir el costo operativo.

El 30 de junio pasado venció la prórroga de hecho prevista en la última ordenanza, la que la oposición aprobó no sin reparos y con la exigencia de que se resuelva “la cuestión de fondo”. Ello no ocurrió y Cecilio Salazar terminará su segundo mandato sin haber llamado a una nueva licitación para darle un marco de mayor previsibilidad al asunto.

La última extensión del contrato fue por dos años. En esa oportunidad, el reciemente devenido oficialista concejal Juan Cruz González dijo que era necesario aprobarlo porque la licitación había quedado “desierta”. En realidad, el Ejecutivo nunca la había convocado por “la incertidumbre marcada por la pandemia”.

Aunque la problemática del coronavirus COVID-19 cejó, en estos dos años que pasaron desde que el Concejo aprobó la última prórroga no hubo diseño de un pliego de bases y condiciones para la licitación. Se sabe que no es fácil: las empresas que operan en el país son pocas y, dicen por lo bajo en todos los municipios, tienen “repartido” el mapa.

Ahora, para pedir una nueva extensión del contrato, en esta oportunidad hasta fin de año, el Gobierno reconoce, una vez más, que “resultar necesario efectar un nuevo llamdo a licitación” y asegura que está “trabajando en la confección de un pliego licitatorio” que viene demorado porque “resulta imperioso realizar un análisis pormenorizado del servicio” por “la expansión y ocupación de nuevos sectores en la ciudad”.

“A fin de darle un marco de previsibilidad tanto a la población como a la empresa para garantizar la contínua y efectiva prestación del servicio, cuya suspensión ocasionaría un severo trastorno a los ciudadanos, se propone la extensión a mediano plazo”, señala el expediente.

Esa prórroga —que el oficialismo aprobará, porque tiene los votos suficiente aun si la oposición votara en contra— vencera 21 días después de que comience el mandato gubernamental 2023-2027, cuyo responsable se definirá en las elecciones del 22 de octubre próximo.

Gane el oficialismo o la oposición, todo indica el Concejo deberá volver a tratar una prórroga para el ejercicio económico 2024, puesto que los tiempos para una licitación están prácticamente agotados para lo que resta del año.

En 2017, el Gobierno acordó con la empresa el pago de una deuda que había quedado de los ejercicios 2014 y 2015, una negociación que incluyó una quita significativa pero también la eliminación del servicio de barrido mecánico.